En pleno siglo XXI, no nos sorprende que el crecimiento del interés por el uso de las bicicletas como medios alternativos de transporte haya ido en aumento. Desde hace ya varios años, la necesidad de reducir la huella de carbono y mejorar la calidad de vida del ambiente y de las personas, ha sido una prioridad. De igual manera, en una ciudad como Santiago, donde los combustibles y las autopistas son sumamente costosas, resulta mucho más cómodo transportarse con otros medios más sustentables.

Sin embargo, a pesar de los factores positivos de todos los argumentos mencionados, es importante decir que el impacto de estos cambios ha sido muy abrupto, y las infraestructuras para poder ejercer plenamente este  instrumento, así como las capacidades de los usuarios para entender su funcionamiento, ha venido dejando algunas consideraciones que son importantes señalar.

En primer lugar mencionar que, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho por crear nuevas ciclovías, la región metropolitana de Santiago carece de un sistema de estudio e impacto vial sobre estos biciclos. Las vías de circulación que se han diseñado para estos fines son discontinuas y en ocasiones hasta peligrosas. Adicionalmente no existe un plan de vialidad intercomunal, lo que dificulta con seriedad tener que viajar entre comunas con este importante medio.

Aún así, y lo que veo como punto más complejo, es que el reglamento para conducir en estos ciclos son difusos, es decir, mantienen en su fundamento de uso muchas generalidades que no consideran otros riesgos colaterales. El primero de ellos tiene que ver con permitir el uso de vías exclusivas de automóviles como vías alternas para ciclistas. Se parte del principio mixto de uso de una infraestructura que está diseñada para otra escala y velocidad y que, en paralelo, mantiene otro criterio de conducción muy distinto a la hora de enfrentar una situación de riesgo. En segundo lugar, el uso de veredas como pistas de conducir para infantes o personas mayores, lo que conduce a serios accidentes con otras personas que usan estos espacios para circular a pie.

Pero más allá de las consideraciones técnicas y prácticas que puedan haber, lo relevante de esta reflexión es que deben existir leyes que establezcan una educación previa a los que utilizan estos transportes. Si para conducir un vehículo motor se requiere de un examen previo y un carnet de circulación, considero que para otros medios de transporte también debiese existir tales normativas. De esta manera, todos los conductores involucrados, inclusive aquellos que circulan a pie, tendrán al menos una garantía previa de compromiso y seguridad.

Por último, considero necesario reforzar la idea de consolidar una política pública nacional y regional que se encargue de generar un plan de infraestructura, que acompañe a una educación y conciencia integral de los usuarios. Si queremos democratizar los espacios de la ciudad y darle la posibilidad a sus habitantes de hacer uso integral de ella, tenemos que empezar a aprender a convivir mutuamente. Lo colectivo al fin de cuentas funciona a partir de la lógica de la aceptación de lo individual.

Cristian Angelucci Quezada
Arquitecto

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