Durante más de dos años y medio hemos venido hablando sobre las razones del estallido social que ocurrió el 18 de Octubre del 2019, así como de los daños que ocasionaron las violentas y sostenidas agresiones contra gran parte del patrimonio público y privado de nuestra ciudad. Desde las tribunas políticas más dogmáticas e ideologizadas, hemos escuchado referentes de todas las tendencias, por un lado, culpando al estado de violar los derechos fundamentales de las personas en su libre acción de protesta, y por el otro, culpar a gran parte de la manifestación como delincuentes desalmados, apátridas y enemigos de la nación. Ambos discursos manteniendo una postura inflexible y cerrada ante cualquier tipo de diálogo.

Sabemos que por un lado, desde lo material, varias estaciones de metro, iglesias, peajes y supermercados, fueron salvajemente quemados por bombas incendiarias molotov, mientras que en contraposición, cientos de personas inocentes fueron agredidas por fuerzas del orden público que, bajo la orden superior de atrapar a los “verdaderos culpables”, olvidaron cualquier protocolo de contención civil para resguardar la vida e integridad de los demás transeúntes y manifestantes del lugar.

Más allá de ese hito socio político que ya forma parte de nuestra historia, casi tres años después, ni los incendios se han acabado, ni los protocolos de resguardo civil aún funcionan. Pero esta vez desde un tema que siempre está bajo las sombras y que ninguna autoridad, sea pública o privada, ve con la debida atención, como son los casos de incendios en fábricas, industrias, cités y departamentos, que ocurren cotidianamente en nuestra ciudad, así como las personas afectadas por consecuencia de los gases y las olas de calor que se producen.

En la página oficial del cuerpo de bomberos de Santiago, en lo que va de año 2022, se han reportado al menos 10 incendios de gravedad en inmuebles urbanos, lo que sugiere una especial atención sobre el tema de seguridad urbana y normativas sobre incendios, escrita en la ordenanza general de urbanismo y construcción.

Resulta preocupante que nuestra ciudad esté incendiandose semanalmente por no haber una fiscalización seria y ordenana de las normas y reglamentos contra incendios en todos los inmuebles, así como la desesperación de cientos de vecinos y vecinas en los alrededores, que se ven afectados colateralmente y que tienen que ocuparse junto al cuerpo de bomberos de mitigar los daños producidos.
Mientras las autoridades municipales, regionales y nacionales en ejercicio y aquellas por ejercer, junto a los partidos políticos y otras personalidades, siguen jugando al juego del culpable de nuestra crisis, analizando en los medios de comunicación como aprobamos o no una nueva constitución, Santiago y sus alrededores se están quemando por los incendios casi semanales que ponen en peligro su infraestructura y la de sus habitantes.

Con esta breve reflexión, sólo intento dejar constancia que estos incendios no son menos peligrosos por que no se producen en el ámbito de un estallido social. La fiscalización y la atención de las normativas contra incendios no son un juego. No esperemos a que sean los habitantes santiaguinos o de otras regiones, los que a través de su desesperación, produzcan otro estallido social por temas tan delicados como este. Después no cabe la frase del nunca lo vimos venir.

Cristian Angelucci Quezada
Arquitecto

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